La autonomía de la voluntad


La autonomía de la voluntad

La autonomía de la voluntad es un postulado que, llevado al Derecho Privado, se constituye en su característica fundamental, al extremo que puede ser considerado como el factor determinante para que las situaciones y relaciones jurídicas queden comprendidas en su ámbito, razón por la cual se le denomina también autonomía privada. No ha recibido una noción legal y ello lo hace ser un principio de derecho no escrito, o, si se prefiere, un postulado. Su noción, por ello, es puramente teórica y doctrinaria (Vidal Ramírez, 2019).

Es considerada así, un principio general del derecho. Los principios generales del derecho son conceptos o proposiciones de naturaleza axiológica o técnica, que informan la estructura, la forma de operación y el contenido mismo de las normas, grupos normativos, subconjuntos, conjuntos y del propio Derecho en su totalidad. Pueden ser recogidos o no en la legislación, pero el que no lo estén no óbice para su existencia y funcionamiento (Rubio Correa, 2018).

La autonomía de la voluntad es el poder que tienen las personas para que, con su manifestación de voluntad, en el ámbito de libertad que les confiere el ordenamiento jurídico, puedan darse normas para sí mismas con el fin de regular sus intereses en el campo de las relaciones económicas-sociales, con la consiguiente responsabilidad que se derive de sus actuaciones (Torres Vásquez, 2018).

El ejercicio de esta libertad viene ser la autonomía de la voluntad que vincula a los sujetos en sus relaciones jurídicas. Es por eso, que podemos decir que la autonomía de la voluntad es libertad y fuerza vinculante al mismo tiempo, al poder esta voluntad libremente manifestada, crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas.

El poder de la autonomía de la voluntad debe ser ejercido dentro de los límites señalados por el ordenamiento jurídico. Tales límites se encuentran establecidos por el orden público.

El orden público es el conjunto de principios que se encargan de regular el funcionamiento de la sociedad en un tiempo y lugar determinado. Incluyen principios de tipo social, económico, moral, etc. No debe realizarse una equiparación entre dicho concepto y el de “orden” entendido en el sentido de paz pública o aquella situación en la que la situación de un espacio se encuentra en estado de quietud o calma. Además, teniendo en cuenta la definición debe quedar claro que el concepto de orden público no es un concepto estático, sino que el mismo variará de sociedad en sociedad y dentro de una misma sociedad a lo largo del tiempo, por ello es necesario tener una concepción dinámica del mismo (Diccionario Civil, 2013).

Respecto a esta relación que existe entre la autonomía de la voluntad y el orden público, el Código Civil, en el artículo V del Título Preliminar, señala lo siguiente:

“Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres”.

Como podemos observar, en nuestro ordenamiento jurídico prevalece el orden público sobre la autonomía de la voluntad, declarando al acto jurídico nulo, si su contenido le es contrario. Por ejemplo, en materia contractual, las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a las normas legales de carácter imperativo, esto es, del orden público.

Asimismo, en nuestra Constitución Política del Perú, en el apartado a) del inc. 24, del artículo 2, se señala que, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. De ahí el axioma jurídico que refleja y traduce esta finalidad medular en términos positivos que, todo está permitido, salvo aquello que prohíba expresamente el ordenamiento jurídico que atente contra el orden público En ese sentido, es necesario que el orden público sea precisado en las normas jurídicas y que cuando estás son prohibitivas estén expresamente señaladas en nuestro ordenamiento jurídico.

En conclusión, la autonomía de la voluntad se erige como un principio general del derecho, siendo la libertad y la fuerza vinculante sus características esenciales, que permiten a los sujetos darse normas para si mismos con el fin de regular sus intereses, teniendo como límite el orden público.

Actos jurídicos típicos y atípicos



La distinción radica según los actos jurídicos estén o no previstos y regulados por el ordenamiento jurídico.

En ese sentido, los actos jurídicos típicos son aquellos previstos y regulados por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento se encuentra regulado en el Título VI del Libro VII del Código Civil, en el cual se regula las obligaciones del arrendador y del arrendatario, la duración del arrendamiento, el subarrendamiento, su resolución y conclusión.

En cambio, los actos jurídicos atípicos son aquellos que no tienen una regulación legal. Por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico no se encuentra regulado el contrato de franquicia, pese al crecimiento actual que ha generado este tipo de actividad comercial en nuestro país.

Las modalidades del acto jurídico

Las modalidades del acto jurídico

Las modalidades del acto jurídico son aquellos elementos incorporados al acto jurídico por la voluntad de las partes, siendo estos elementos ajenos al acto jurídico, tanto por no requerirlos para su existencia y validez como por no ser inherentes a su naturaleza.

Una vez incorporados estos elementos al acto jurídico, si se trata de una condición o de un plazo la eficacia del acto jurídico les está supeditada, al extremo que se convierten en requisitos para que el acto jurídico produzca sus efectos.

Los actos modales los podemos ubicar en el campo de las relaciones jurídicas obligacionales, por lo cual tendremos en la relación jurídica, un deudor, que se compromete a ejecutar una prestación de contenido patrimonial en favor de otra, el acreedor, pudiendo este último exigir su cumplimiento o, en su defecto, la indemnización que corresponda.

Las modalidades del acto jurídico son:

  • La condición. – Es un hecho futuro e incierto, pactado por las partes del acto jurídico.
  • El plazo. – Es un hecho futuro y cierto, pactado por las partes del acto jurídico.
  • El cargo o modo. – Es un hecho que genera un dar o un hacer que se impone como restricción a la ventaja económica que obtiene la parte que es favorecida por la disposición gratuita.

Relación jurídica

La relación jurídica en los actos jurídicos

La relación jurídica es la vinculación, por mandato normativo, de dos o mas elementos entre sí, bien se trate de personas, de personas y de cosas o de cosas. Así, marido y mujer quedan relacionados con una serie de derechos y obligaciones a partir del matrimonio civil; el propietario establece una relación particular con la cosa materia de la propiedad a través del derecho correspondiente; las cosas accesorias se relacionan de una manera particular a las cosas principales de las que forman parte, lo que determina situaciones particulares (Rubio Correa, 2018).

Desde la perspectiva del acto jurídico, las relaciones jurídicas solo se dan entre personas, puesto que implica un comportamiento intersubjetivo, al crearse, regularse, modificarse y extinguirse las mismas por la manifestación de voluntad de los sujetos, siendo de esta forma, los actos jurídicos una fuente generadora de relaciones jurídicas, que permite a los sujetos autorregular sus propios intereses.

Es por ese motivo, que la relación jurídica sólo puede ligar y ubicar en sus extremos a personas, sean naturales o jurídicas. Por ello no puede haber relación jurídica entre sujetos y cosas, y menos aún entre cosas, aun cuando sea una vinculación entre cosa principal y cosa accesoria. La relación jurídica sólo puede establecerse entre sujetos, con derechos y deberes u obligaciones, atribuibles a uno o a otro o a ambos (Vidal Ramírez, 2019).

Las partes de la relación jurídica son los mismos sujetos que celebran el acto jurídico. Estas se pueden generar de un acto jurídico unilateral, un acto jurídico bilateral o un acto jurídico plurilateral. Así, en el otorgamiento de poder, como acto unilateral recepticio, vincula al representado con el representante, generando una relación jurídica de representación; en una permuta, que es un acto bilateral, vincula a los permutantes, los cuales se obligan a transferirse recíprocamente la propiedad de bienes; en la cesión de posición contractual, que es un acto plurilateral, vincula al cedente, al cedido y al cesionario. Como puede observarse, el acto jurídico es una fuente voluntaria de relaciones jurídicas.

Cada de una de estas partes pueden estar formadas no solo por un sujeto, sino que también pueden ser dos o más los que conformen una parte. Así, en una compraventa, puede haber en la parte compradora un solo sujeto como varios sujetos, y en la parte vendedora de igual forma. Como puede apreciarse, las partes de una relación jurídica pueden estar conformadas por varios sujetos.

Los efectos del acto jurídico recaen sobre las partes de la relación jurídica. Es así como, los efectos hacen que el acto jurídico sea oponible entre las partes. Así, en un arrendamiento, el arrendador puede oponerle el contrato a su arrendatario en caso de que éste incumpla con el mismo, y de igual forma el arrendatario podrá oponerle el contrato a su arrendador.